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El Consejo de Estado ha pedido recientemente a la DGT que medite sobre el proyecto de Reglamento de Circulación en vistas de ser aprobado ya que existen notables imprecisiones en su redacción. Puntos polémicos como la imposición de límites para peatones o controles de alcoholemia y drogas si cometen infracciones.

Hablando de “usuarios en la vía”, se incluyen tanto a conductores de vehículos como a peatones por lo que tendrían las mismas obligaciones cuando no tiene sentido. Desde el Consejo de Estado se muestran contrarios a esta definición y la tachan de insostenible pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañados “por el simple hecho de que pasear por las vías se  sometiera a estas restricciones”.

Según María Seguí, la directora general de Tráfico, las cifras de siniestralidad que ha presentado su departamento avalan las medidas recogidas en el mismo y que alguna de las frases indicadas se tratan sencillamente de “un mal uso de las palabras”.

En el informe, el Consejo de Estado alega que en el caso de llevarse a cabo la norma pretendida “los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente”. En la misma medida se refiere a las personas que consumen habitualmente medicinas que contengan codeínas, opiáceos o semejantes que darían positivo en el test de drogas y que tal y como asegura el Consejo de Estado sólo “podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas”.

Los errores continúan con textos como “los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano”: ¿límite de velocidad para las personas? El Consejo de Estado asegura que supondría “la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos”.

Las limitaciones de velocidad en las vías suponen otro tema de debate (y problema). El Consejo de Estado asegura que la DGT no ha calculado los costes de la señalización y tampoco se han documentado las cifras que presenta y que relacionan directamente la velocidad con la siniestralidad en algunas vías.  Los límites de velocidad en zonas urbanas invaden las competencias de las Entidades locales y de llevarse a cabo al norma será “objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos”.  ¿Por qué modificar los cambios de velocidad si la ciudadanía no los ha demandado?

El aumento de la velocidad a 130 km/h, nuevas normas en cuanto a bicicletas y ciclomotores…, parece que al nuevo reglamento de la DGT aún le queda mucho trabajo.